*La modernización de los registros inmobiliarios podría generar costos adicionales y efectos fiscales indirectos.
Tijuana, B.C., a 21 de octubre de 2026.- La propuesta de modernizar y homologar los catastros y registros públicos de la propiedad en México podría mejorar la certeza jurídica de los inmuebles, aunque también plantea riesgos relacionados con posibles incrementos en costos administrativos, controversias patrimoniales y repercusiones fiscales para propietarios y empresas.
Así lo señaló el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, al referirse al proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre, cuyo propósito es establecer criterios comunes y plataformas digitales para identificar inmuebles en todo el país.
“Consideramos positivo que se busque modernizar los registros y contar con información más precisa sobre las propiedades, pero es fundamental que esta homologación respete las atribuciones de estados y municipios, además de garantizar que los propietarios no enfrenten problemas por errores o inconsistencias en las bases de datos”, señaló.
El dirigente empresarial explicó que la propuesta contempla una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, mediante las cuales se pretende concentrar información física y jurídica de los predios.
Sin embargo, advirtió que la digitalización no sustituye las escrituras ni los procedimientos necesarios para regularizar inmuebles con problemas de titularidad, sucesiones pendientes o documentación incompleta.
En materia fiscal, Lyle Fritch aclaró que la reforma no establece nuevos impuestos ni aumentos automáticos al predial, aunque la actualización de superficies, construcciones y usos de suelo podría derivar en revisiones de valores catastrales, con posibles efectos económicos para propietarios.
“Lo que se está planteando es homologar la información, algo similar a una CURP para los inmuebles, pero no modificar automáticamente las facultades de los municipios; cualquier cambio que pretenda alterar esas atribuciones tendría que revisarse desde el ámbito constitucional, porque los estados y ayuntamientos tienen competencias propias”, subrayó.
Asimismo, comentó que uno de los principales desafíos será la capacidad tecnológica y administrativa de los gobiernos locales para implementar el sistema, debido a que las diferencias entre registros podrían generar costos de actualización documental, retrasos en operaciones inmobiliarias e incluso controversias patrimoniales.
Por último, el presidente del CCE Tijuana consideró necesario dar seguimiento al proceso legislativo y a sus posibles efectos en materia de valuación catastral, certeza jurídica y costos empresariales, ya que una modernización debe facilitar las inversiones y operaciones inmobiliarias sin generar nuevas cargas económicas ni vulnerar la autonomía de los gobiernos locales.
